Ecuador ha sido históricamente un país de tránsito, destino y origen de migrantes. En los últimos años, ha recibido una importante afluencia de migrantes, especialmente de Venezuela y Colombia, lo que ha planteado nuevos desafíos en materia de integración laboral. La legislación ecuatoriana reconoce los derechos laborales de todas las personas, independientemente de su nacionalidad o estatus migratorio, garantizando el acceso a un trabajo digno, remuneración justa y seguridad social. Sin embargo, en la práctica, muchos migrantes enfrentan discriminación, empleo informal y falta de acceso a mecanismos de protección. Fortalecer las políticas de inclusión laboral y supervisión del cumplimiento de derechos es clave para garantizar la justicia social y el respeto a los derechos humanos en el contexto migratorio.