La protección de los derechos humanos de migrantes y refugiados es un tema crucial en el contexto actual de movilidad humana global. Esta protección implica garantizar que todas las personas que se desplazan —ya sea por motivos económicos, sociales, políticos o de persecución— gocen de sus derechos fundamentales sin discriminación. Los marcos jurídicos internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y otros tratados regionales, reconocen derechos como el acceso a la justicia, la no devolución (non-refoulement), el derecho a solicitar asilo y a vivir con dignidad. A pesar de estos instrumentos, en la práctica, los migrantes y refugiados enfrentan múltiples desafíos como la xenofobia, la detención arbitraria, la falta de acceso a servicios básicos y la violencia. Por ello, los Estados y la comunidad internacional tienen la obligación de adoptar medidas efectivas para proteger y promover los derechos de estas poblaciones vulnerables.