El fenómeno migratorio en Ecuador se encuentra regulado por un conjunto de normas nacionales e instrumentos internacionales que garantizan los derechos de las personas en movilidad humana. A nivel nacional, la Constitución de la República del Ecuador de 2008 reconoce la ciudadanía universal y establece que ninguna persona será considerada ilegal por su condición migratoria. Esta visión se consolida en la Ley Orgánica de Movilidad Humana (2017), que regula los derechos, obligaciones y procedimientos relacionados con la entrada, permanencia, salida y retorno de nacionales y extranjeros.